“Las granadas de mano de uso militar solo están al alcance de bandas organizadas con acceso a material de guerra, y por tanto estaríamos hablando de mafias organizadas de corte paramilitar, traficantes de droga internacionales o similares grupos criminales internacionales”. De esta manera el abogado Antonio Flores, letrado de uno de los dos socios –ahora enfrentados– de Sisu Hotel Boutique, alerta a El Confidencial del tipo de guerra desatada en este establecimiento de lujo de Marbella, donde la lucha entre los propietarios ha degenerado en un conflicto armado.
Todo empezó el 2 de marzo de este año, cuando un individuo sin identificar incendió el restaurante adosado a la piscina y lanzó una granada de mano dentro del localen plena noche. "Estábamos cerrados y ya en la cama. Sentimos una explosión y bajamos a ver qué ocurría. Estaba todo destrozado. Llamamos a los bomberos y a la policía, que aún no han concluido sus investigaciones", cuenta Alexandra Valdivia, directora de Sisu Hotel Boutique y novia del irlandés Neil Acland, el otro propietario de la marca Sisu Hotel Boutique, que tiene alquilado el edificio y al que ya han tratado de desahuciar sin éxito.
Pero detrás de este conflicto de intereses hay más. Se trata de Gary Sanders, otro británico, la otra parte propietaria del hotel –la mayoría de las fuentes dicen que el auténtico–. Este en 2010 se asocia con el irlandés Acland y, mientras iniciaban los preparativos de la reforma para abrir las puertas del establecimiento, fue detenido en la misma puerta del hotel y extraditado a Reino Unido. Le acusaron de delitos relacionados con el fisco. Según afirman fuentes cercanas a Neil Acland, "tras la salida de prisión de Sander se ha desatado esta guerra por el hotel, con granadas de mano incluidas”.
"Les protege el tripartito de izquierdas"
Al amparo de esta polémica, Antonio Flores, letrado de Sanders, en conversación con este medio aduce que el gobierno tripartito de izquierdas del Ayuntamiento ha sido protector de Sisu Hotel Boutique. “Solo en este verano, está concediendo hasta 33 licencias para otras tantas fiestas bacanal de desfase en un recinto privado", amparándolo bajo el pretexto de que son "actividades recreativas o espectáculos públicos", dice el abogado.
Este culpabiliza directamente dentro del Ayuntamiento al teniente de alcalde Javier Porcuna (al que la Fiscalía también le tramita una denuncia por el caso Starlite) como responsable: “Las declaraciones públicas de Porcuna demuestran una clara connivencia con Acland y su grupo, al sugerir que son los vecinos los que deben acreditar que allí se celebran fiestas y que se produce excesivo ruido. Igualmente, existen órdenes de demolición pendientes que nunca se han llevado a cabo, cuando las fiestas se sirven de precisamente esas construcciones ilegales y el negociado de Industria concede las licencias 'ocasionales y esporádicas' sabiendo que hay ordenes de demolición pendientes”, insiste Flores.
700 denuncias de los vecinos
Otro de los asuntos que les preocupa son los numerosos actos de incivismo que se producen en la vía pública al finalizar las fiestas, a plena luz del día y a la vista de todos. “En ocasiones nos hemos encontrado en nuestros jardines a jóvenes, en pareja y en grupo, manteniendo relaciones sexuales a plena luz de día y a la vista de cualquier viandante. Igualmente se ha observado la asistencia de chicas de compañía y 'escorts' a las fiestas, que han mantenido relaciones sexuales con los asistentes, y queremos decir ya basta”.
Los propietarios de estos inmuebles, que en su día pagaron 400.000 euros por sus viviendas, las están poniendo a la venta ante la situación. “Vendemos por menos de la mitad. Es desesperante y muchos se han marchado de aquí, a nadie le gusta ver continuamente el consumo de drogas, incluso en las zonas comunes del complejo, intoxicaciones etílicas y de otras sustancias: hemos sido testigos de clientes con graves intoxicaciones en las zonas comunes del complejo (piscina, portales, etc.), vomitando y orinando en jardines y ascensores. Así como numerosas peleas de clientes del hotel con vecinos y personal del propio hotel, que en ocasiones han exigido la intervención de la Policía Nacional y la detención de los clientes”.
El problema también radica en los 14 apartamentos que Sisu Hotel Boutique posee y alquila, por una media de 1.600 euros por noche, en esta zona residencial, “y como pagan tanto se creen con derecho a todo y que va toda esta barbarie incluida en el precio”, termina Robles.
Botellas a 9.000 euros
Mientras tanto Sisu Hotel Boutique es ajeno a esta polémica y sigue acogiendo a millonarios árabes y británicos. Estos arriban a diario para regarse con botellas que oscilan entre los 1.400 y los 9.000 euros. Ni los taxistas quieren ir a recoger a los clientes a la salida por las trifulcas que montan. Pero hasta que los jueces no se pronuncien con un veredicto firme, sobre quién, de los dos socios británicos, tiene el derecho sobre la propiedad, la guerra sigue en pie.
Los actuales gestores hacen valer sus contratos y los pagos a Phil Notley, un antiguo administrador de la sociedad Hotel Lorcrimar SL, que fue despedido por falsificación y estafa. Antonio Flores ya se ha querellado contra el principal arrendador. Denuncia que todo es una tapadera. “Notley a su vez lo tiene subarrendado a Acland, en un subarriendo ficticio. Notley es en definitiva testaferro de Acland, que siempre se ha vendido como propietario del hotel, y la revelación de que es un inquilino moroso puede que le haya puesto en un grave aprieto con inversores, que dicen que tiene, y que son rusos”.
Lo cierto es que Gary Sanders trata de recuperar su valioso enclave, que puede llegar a arrojarle pingües beneficios. Su abogado demanda más de un millón de euros de deuda por el alquiler del establecimiento y va a querellarse contra los gestores del hotel por calumnias al decir que su cliente es un criminal. La guerra se dirime en los juzgados, con acusaciones de actividades ilícitas y denuncias ante el Ayuntamiento de Marbella para la retirada de las licencias. «El tipo de licencia con la que está operando el hotel no existe en la legislación andaluza, así que, que lo precinten ya», sentencia Flores mientras los vecinos viven su particular calvario.
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